En la historia de Argentina, se han producido varios golpes de estado a lo largo del siglo XX, en los cuales las fuerzas armadas se han apoderado del gobierno de manera violenta y rápida, desplazando a las autoridades existentes. Uno de estos golpes tuvo lugar en 1966, cuando el presidente Arturo Illia fue depuesto por las Fuerzas Armadas. Sin embargo, este golpe no fue llevado a cabo únicamente por los militares, sino que también contó con el apoyo de diversos sectores de la sociedad civil, especialmente de las corporaciones económicas de los sectores dominantes.
El rol de la Sociedad Rural Argentina
En el período anterior al golpe de estado de 1966, la Sociedad Rural Argentina (SRA) contribuyó a crear un clima destituyente a través de distintos canales de participación, convirtiéndose en promotora del golpe y legitimando la interrupción del orden político. La SRA, como entidad representativa de los intereses del sector agroexportador, ejerció una influencia significativa en la política del país y se convirtió en un actor político clave en la destitución de Illia.
La SRA promovió y respaldó activamente el golpe de estado de 1966, ya que consideraba que las políticas implementadas por el gobierno de Illia no favorecían lo suficiente a su sector. Aunque el agroexportador no fue el principal beneficiario de las políticas implementadas durante la dictadura militar de Juan Carlos Onganía, la SRA encontró en el golpe una oportunidad para fortalecer su posición y ejercer mayor influencia en la toma de decisiones políticas.
Complicidad cívico-militar
La relación entre la SRA y las fuerzas armadas durante el golpe de estado de 1966 evidencia una complicidad cívico-militar que facilitó la destitución de Illia. La SRA no solo respaldó el golpe, sino que también influyó en la adopción de políticas económicas y sociales por parte del gobierno militar. Esta alianza entre los sectores económicos y las fuerzas armadas contribuyó a la legitimación del golpe y a la consolidación del poder militar en Argentina.
El golpe de estado de 1966 tuvo consecuencias significativas para Argentina. Además de la interrupción del orden institucional y la suspensión de las garantías constitucionales, el golpe marcó el comienzo de un período de represión y violaciones a los derechos humanos en el país. Miles de personas fueron detenidas, torturadas y desaparecidas durante la dictadura militar que se extendió hasta 198
La importancia de defender el orden constitucional y la democracia
La Constitución Nacional de Argentina establece que el orden constitucional y el sistema democrático deben mantenerse incluso en situaciones de actos de fuerza contra el gobierno. Esta cláusula de autodefensa constitucional es fundamental para preservar la democracia y evitar futuros golpes de estado.
Es responsabilidad de cada ciudadano argentino defender la vigencia de la Constitución y participar activamente en la vida política y social del país. La democracia no solo se limita al ámbito político, sino que debe impregnar todas las áreas de la sociedad. Es necesario crear un consenso en torno a la importancia de las instituciones y el respeto a las formas legales de acceso al poder.
La campaña de acción psicológica Illia fue un golpe de estado llevado a cabo en 1966 en Argentina, en el cual las fuerzas armadas se apoderaron del gobierno de manera violenta. Sin embargo, este golpe no fue perpetrado únicamente por los militares, sino que también contó con el respaldo de sectores de la sociedad civil, especialmente de la Sociedad Rural Argentina. Esta complicidad cívico-militar contribuyó a la legitimación del golpe y a la consolidación del poder militar en el país. Es fundamental defender el orden constitucional y la democracia para evitar futuros golpes de estado y garantizar un país más justo y equitativo para todos.
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